Hoy más que nunca: La cuestión Malvinas

Política y economía en torno a la “Cuestión Malvinas”

*Basado en la exposición de antecedentes históricos del embajador extraordinario Bonifacio del Carril –“La cuestión de las Malvinas”, compilación de la Editorial Emecé, Buenos Aires, 1983-.

I. Antecedentes

Se dice que las Islas Malvinas fueron avistadas por primera vez en el año 1520, cuando el piloto portugués Esteban Gómez desertó de la expedición de Magallanes y de regreso a Sevilla divisó las Islas que él llamaría Sansón.

Otros historiadores han referido que las Islas del archipiélago del sur fueron descubiertas por el marino holandés Sebaldo de Weert, quien en el año 1600 recorrió sus costas y las llamó Sebaldinas.

Así también, en el año 1690, el corsario inglés Juan Strong, cruzó el archipiélago por el estrecho que separa las dos islas más grandes.

Lo cierto es que varias expediciones francesas, dedicadas a actividades pesqueras, arribaron a las islas. Saint Jean las denominó Malouines, en memoria del puerto de Saint Maló de donde había partido. Vocablo el cual, más tarde sería naturalizado por los españoles como Malvinas.

En el año 1716 se publicó en Paris la primera edición de la Relation del viaje de Frezier, en el cual hay un mapa en el que figuran las islas Malvinas con el nombre de islas Nuevas. Frezier mencionó los viajes de los marinos maluinos y afirmó que se trataba de tierra descubierta –debiendo decir avistada-.

Con este antecedente, el comodoro George Anson insistió en el año 1744 ante el almirantazgo británico, en la necesidad y conveniencia de completar el descubrimiento, ubicar y apoderarse de las islas del mar del sur, fuesen las islas Pepys, Malvinas o cualesquiera nombre que se le haya dado.

En el año 1749 Gran Bretaña preparó una escuadra para descubrir y apoderarse de las islas del sur. Pero España conoció esos planes y protestó ante la corte de Londres. Todo a lo cual el imperio inglés respondió que no planeaba ocupar las islas, a lo que el ministro español Carvajal le respondió “Entonces, ¿para qué quiere descubrirlas?”. La escuadra británica no salió del río Támesis.

Sin perjuicio de esas tensiones políticas, las protestas de España y la consideración de Inglaterra en ese entonces, no se debieron a una cuestión jurídica, sino más bien a intereses económicos subyacentes del cuadro de ese momento. En efecto, la paz de Aquisgrán firmada en día 18 de octubre del año 1748, selló un capítulo conflictivo entre los imperios con aires de próspera economía para ambos. Lo cierto es que en 1749, Gran Bretaña quedó enterada del derecho de soberanía y dominio sobre las islas que detentaba España. Con lo cual las tierras ya jamás podrían ser consideradas res nullius –tierra de nadie-.

En el año 1764, Lord Anson, al frente del almirantazgo británico, resolvió enviar una nueva expedición confiando la misma a John Byron. Éste salio del río Támesis con instrucciones precisas. Es decir, ya no se hablaba de reconocer las islas, sino de hacer mejores reconocimientos que los anteriormente realizados (cuestión improbable). Las alusiones a los anteriores reconocimientos no constituían más que una falacia. Prueba de ello es el infructuoso viaje de Byron, quien no encontró las inexistentes islas Pepys, las cuales supuestamente ya habían sido descubiertas por el imperio inglés.

Finalmente dio con las islas Malvinas, pero eso fue en enero del año 1765, con lo cual el descubrimiento inglés, fue posterior a la ocupación francesa de las islas, por parte de Louis Antoine de Bougainville, quien la ocupaba desde el día 5 de abril de 1764. Byron ignoró la presencia de la colonia francesa, limitándose a explorar las islas y no ocuparlas.

A finales del año 1765, el gobierno británico dispuso el envío de una nueva expedición al mando del capitán John Mc Bride y con el único propósito de ocupar las islas. Sucede que en ese entonces, Gran Bretaña ya tenía conocimiento de la ocupación francesa. Así, las instrucciones del secretario de Estado Conway dio a Mc Bride fueron concisas. Si se encuentra algún súbdito de una nación amiga, debe explicársele que las islas pertenecen a Inglaterra por derecho de descubrimiento y debe dársele un plazo de seis meses para el desalojo. Las instrucciones fueron tanto para las islas Malvinas como para las otras islas de la región, inclusive las inexistentes Pepys, respecto de las cuales Inglaterra sostenía aún su existencia.

Pero el primer lord del Almirantazgo dejó documentada la verdadera razón de la pretensión británica: “Las Malvinas son la llave de todo el Pacífico –escribió textualmente-. Esta isla debe dominar (“command”) los puertos y el comercio de Chile, Perú, Panamá y, en una palabra, todo el territorio español en el mar”.

John Mc Bride llegó el 8 de enero de 1766 a las islas Malvinas, casi dos años después que Bougainville las ocupara en Puerto Luis. Llegó al Oeste, o Gran Malvina que había descubierto Bougainville y explorado Byron. Por lo cual avistó a la colonia francesa que se ubicaba en Malvina del Este. Mc Bride fundó Puerto Egmont, y las dos colonias convivirían ignorando su existencia hasta diciembre de 1766, cuando el inglés encontró y reconoció la colonia francesa.

Ahora bien, la política y economía entre el imperio español e inglés siempre estuvo en puja. Guerras, tratados, paz e intrigas económico-territoriales eran las ecuaciones.

En el año 1779, la corona española, después de oficiar como mediadora entre Gran Bretaña y las colonias en Norteamérica, le declaró la guerra al imperio Británico.

Si bien el éxito fue parcial, el resultado de la incursión española sirvió también para denotar el estado de penetración económica que ejercía Gran Bretaña. La prohibición de todo tráfico comercial entre estos imperios, determinó que el Virrey del Río de la Plata, Juan José de Vértiz y Salcedo, informara a la Corona que “La ruina del comercio en estas partes, por la guerra con la Gran Bretaña, tenía detenido el giro de los necesarios efectos de Europa de que se proveen, y sin circulación de dinero que debía remitirse”.

Con lo cual España tuvo que contradecir su política al permitir el comercio con Brasil de manera de que afluyan nuevamente los ingresos aduaneros.

Pero Gran Bretaña también tuvo sus complicaciones. La crisis del imperialismo en el siglo XVIII obligó al imperio inglés a reconsiderar su política.

A medida que las revoluciones alteraban el dominio en las colonias, la reflexión política de la corona implicó la consideración que la alternativa tradicional a la infiltración económica –léase la guerra-, no aportaba una solución práctica a los problemas de expansión.

Ante la revolución en sus trece colonias, el imperio Británico perdió territorios que adquirió España durante la guerra norteamericana, pero cuando la revolución alcanzó a las indias occidentales bajo el dominio francés, ello no resultó una oportunidad para Inglaterra de apoderarse de nuevos territorios.

Sir Ralph Albercromby, luego de la conquista de Trinidad asentó que nuevas conquistas para la corona inglesa serían muy difíciles y así, la futura política inglesa debía de tender a fomentar entre los súbditos de España la revolución contra la clase gobernante decadente e incompetente. Creía que un nuevo orden liberal en las colonias españolas ofrecería a Gran Bretaña la oportunidad de abarcar las nueve décimas partes del comercio de la América Española.

La expedición francesa al mando del notable Louis Antoine de Bouganville llegó en el año 1764, para fundar Puerto Luis en la isla Soledad –en homenaje al rey Luis XV-. Pero antes, vale la pena volver sobre los inicios de esta expedición. En el año 1763, el Duque de Choiseul, ministro de Luis XV, enarboló el proyecto de quedarse con las islas Malvinas. La expedición fue organizada en forma privada por Louis Antoine, pero se tuvo cuidado de dejar expresa constancia que el establecimiento se instalaba bajo el amparo y la soberanía de Luis XV, quien ratificó todo lo hecho por el marino mencionado. Bajo el amparo del Duque y con el apoyo de su primo Bougainville de Nerville y de su tío D´Arboulin, administrador general de correos de Francia, armó dos barcos (El Águila y La Esfinge), que puso bajo el mando de dos marinos de Saint Malo, Duclós-Guyot y Chenard de la Gyraudais. Todos los preparativos se llevaron adelante sin dilación alguna. Inclusive, el elemento más dificultoso de la colonización, la población, no tuvo complicaciones ya que en Francia en ese momento, se encontraban algunas familias acanadienses que habían abandonado Canadá dispuestas a enfrentar la espesura del horizonte marítimo.

Los barcos salieron de Saint Malo el día 15 de septiembre de 1763 y después de tocar Río de Janeiro y Montevideo llegaron el 3 de febrero de 1764.

Cuando el reino Español dio en la cuenta de la entrada del francés Bougainville en las islas, dirigió una reclamación ante la corte amiga de Francia. Enterada de un viaje clandestino de Byron y la travesía de Mc Bride, decidió repelerlo por la fuerza. El problema era que España no tenía conocimiento de la ubicación del asentamiento inglés, ni sabía si efectivamente existiera o no. Las noticias eran que estarían en el sur.

Entre Francia y España la cuestión se resolvió de forma amigable. Así fue que Luis XV no tuvo reparo en reconocer el derecho de dominio de España. El día 2 de abril de 1767 Bougainville entregó Puerto Luis a Carlos III previo pago de todos los gastos ocurridos.

En cuanto a Inglaterra, aún no se había determinado la ubicación de la supuesta colonia. Es así que el gobierno Español resolvió encomendar al entonces gobernador de Buenos Aires, Francisco Bucarelli, que buscasen a los ingleses en todo el territorio sometido a su jurisdicción. Bucarelli ordenó al Capitán de Navío Juan Ignacio Madariaga que organice una escuadra para expulsar por la fuerza a los invasores. En enero de 1770 localizó Puerto Egmont y el día 10 de junio de ese año los ingleses fueron obligados a desalojar la isla.

Diferentes documentos se han publicado sobre la prolija búsqueda realizada para el hallazgo de los británicos. Lo cierto es que ante el anoticiamiento de las colonias tanto francesa como inglesa, la reacción española no deja margen de duda en cuanto a su ejercicio de soberanía: no se toleraría la ocupación de ninguno de esos reinos.

Sin embargo, el gobierno británico interpuso una enérgica protesta ante la corte de Madrid. De idas y venidas, la amenaza de la guerra se ciñó nuevamente. Luego de largas tratativas se llegó a un acuerdo para reparar el agravio sufrido por el gobierno inglés, frente al acto violento de España. Se restituiría todo al estado anterior al desalojo inglés por parte de España. No sin aclarar que bajo ningún concepto tal acto comportara reconocimiento alguno de soberanía al estado británico. A este extremo cabe citar la declaración del embajador español, príncipe de Masserano, la cual fue aceptada sin reservas por el duque de Rochford: “La restitución a Su Majestad Británica de la posesión del Puerto y Fuerte llamado Egmont no puede ni debe de modo alguno afectar la cuestión de derecho anterior de soberanía de las islas Malvinas, por otro nombre Falkland”, de fecha 22 de enero de 1771.

El día 22 de mayo de 1774 los ingleses abandonaron efectivamente la isla Saunders –así llamada en los documentos británicos-. Siempre se trató, en todas las negociaciones que se llevaron adelante, de las Islas Malvinas y nunca sobre el resto del archipiélago. Sin perjuicio de ello, se sostiene que el comandante inglés del lugar, teniente Clayton, dejó una placa de plomo en la que declaraba que el fuerte de Puerto Egmont de la isla Falkland pertenecía al Rey Jorge III de Inglaterra, en fe de lo cual dejó enarbolado el pabellón británico. Pero, como bien señala el ex Canciller argentino Dr. Bonifacio del Carril, la correcta traducción de la placa refiere al singular, significando que la pretensión británica de pertenencia al Rey Jorge se limitó a esa isla donde se airaba el pabellón y particularmente a Puerto Egmont, lugar sobre el cual había versado el litigio.

Aunque esta discusión carece de sentido ya que esa pretensión fijada en la placa se vio socavada por el capitán español Juan Pablo Callejas, quien encontró la placa un año después y la llevó a Buenos Aires. Con la primera invasión inglesa, en el año 1806, el coronel Beresford encontró la placa y la envió inmediatamente a Londres. De éstos acontecimientos y como podría haberse esperado, no surgió reclamación alguna por parte de Gran Bretaña, con lo que hasta la posesión simbólica perdió virtualidad.

Pero debemos reparar un momento aquí, al por qué de las intenciones británicas y a la etiología del posterior accionar.

En palabras de Ferns, las convulsiones registradas en América del Sur no se debieron a un plan estratégico, sino a la ventura y audacia de una persona, el comodoro Sir Home Popham de la Royal Navy.

En 1804, Popham se interesó por América del Sur junto al Vizconde Melville en una de las deliberaciones del gabinete británico acerca de cómo quebrantar al imperio Español.

En un memorándum dirigido a Melville en octubre de ese año, escribió: “La idea de conquistar a América del Sur está totalmente fuera de cuestión. Pero la posibilidad de dominar todos sus puntos prominentes, de aislarla de sus actuales conexiones europeas, estableciendo alguna posición militar [...] puede reducirse a un simple cálculo...”.

Popham fue designado para mandar una escuadra que llevaría tropas para arrebatar ciudad del Cabo a los holandeses. Parece ser que el pensamiento de Popham extendió la pretensión a Montevideo y Buenos Aires.

Pero volviendo al relato histórico, desde 1775 y hasta 1829, Gran Bretaña no hizo protesta ni reclamación alguna sobre las islas ni el archipiélago. España ejerció su jurisdicción sobre ese dominio y gobernadores españoles tuvieron su mandato sobre todas las islas del archipiélago. Ello, hasta el año 1811, cuando Gaspar Vigodet desde Montevideo, dispuso el retiro de las tropas y guarniciones que allí estaban, dada la lucha por la independencia que se había expandido.

El 9 de julio de 1816 se proclamó la independencia Argentina, pero la guerra continuó hasta la batalla de Ayacucho en 1824. Si bien el imperio británico no reconoció la independencia nacional hasta el año 1825, lo cierto es que la Argentina venía ejerciendo desde varios años antes un verdadero ejercicio soberano sobre sus territorios, incluyendo el archipiélago del sur.

En el año 1820, Don David Jewett comandante de la fragata Heroína, partió de Buenos Aires los primeros meses de 1820 provisto de instrucciones especiales para tomar posesión efectiva de las islas Malvinas, las cuales pertenecían ahora a la Nación Argentina como heredera de España en razón del principio de derecho internacional uti possidetis.

A la llegada de Jewett, Puerto Luis estaba repleto de navíos de diferentes nacionalidades. Sin oposición de ninguna especie y frente a estos pabellones cumplió su cometido, comportando en sí mismo un acto con repercusión en derecho internacional, por cuanto la posesión efectiva realizada frente a diferentes representantes de otras naciones no consiguió respuesta ni protesta alguna.

Luis Vernet, un aventurero cosmopolita de origen francés que había residido mucho tiempo en Alemania y Estados Unidos, y Jorge Pacheco, fueron los nombrados por el gobierno para establecerse en las islas y utilizar las pesquerías y el ganado. En ese mismo año, 1823, se nombró gobernador del lugar a Pablo Arenguati. En enero de 1828 Vernet obtuvo amplios privilegios sobre la isla Soledad.

Como segundo paso en esta dirección, en el año 1829, el gobernador de Buenos Aires, general Juan Lavalle resolvió reclamar para la Argentina todas las posesiones del antiguo virreinato español del Río de la Plata. Ello, para asegurar la posesión permanente de las Islas Malvinas y la Tierra del Fuego. Así también, Lavalle las puso bajo el control de un gobernador político y militar que debía aplicar todas las leyes argentinas en las islas. En particular las que protegían las pesquerías de focas. Se nombró para ese cometido a Vernet, el día 10 de junio de 1829, mediante la firma del gobernador delegado Martín Rodríguez y su ministro Salvador María del Carril, de un decreto por el cual se creó la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas. En cuanto a los objetivos de Lavalle, Vernet dijo: “no toleraré ninguna infracción a mi monopolio” (cf. Registro Oficial de la República Argentina, II, 238; así también: Antonio Zinny “La gaceta mercantil de Buenos Aires –13 de junio de 1829-).

Ante el nombramiento y la creación de la Comandancia, el gobierno británico lanzó una protesta. El encargado de negocios y cónsul general, Sir Woodbine Parish, mediante nota del día 19 de noviembre de 1829, reclamó por la creación de la Comandancia y por unas concesiones de tierras hechas a favor de Vernet y Pacheco. Así también reivindicó no sólo el supuesto dominio inglés de Puerto Egmont, sino sobre todo el archipiélago.

Entonces, sólo 54 años después del abandono inglés de las islas se produjo una reclamación sobre éstas. En medio, consintió la ocupación argentina de 1820 a 1829. El cambio de política inglés fue brusco. Lo cierto es que Lord Aberdeen escribió una carta a Sir Woodbine Parish agradeciéndole la idea que había tenido de apropiarse de las islas. “En estos días de desenvolvimiento de Sud América, las islas tienen gran valor para Inglaterra como base naval” (citado en artículo publicado en el diario La Nación el día 26/07/1964, “Las islas Malvinas en la historia” por Bonifacio Del Carril).

En 1832 Parish regresó a Inglaterra. El día 2 de enero de 1833 los ingleses desalojaron por la fuerza a los argentinos de las islas Malvinas.

Desde ese entonces las relaciones diplomáticas sólo se establecieron a partir de 1844. Las reclamaciones por parte del gobierno argentino fueron una constante, aunque una constante archivada en materia de negociación por parte del estado anglosajón. Eso hasta el año 1884, cuando en los finales de la administración de Chester A. Arthur, la reclamación fue revivida por Luis L. Domínguez, ministro argentino en los Estados Unidos. Pero las discusiones en torno dieron por resultado un endurecimiento de la aplicación de la doctrina Monroe y el arrojo al olvido de la cuestión Malvinas.

II- Confronte de títulos de dominio

La República Argentina invoca los siguientes títulos de dominio: 1) derecho de dominio emergente de la concesión pontificia; 2) descubrimiento y ocupación del territorio; 3) usucapión.

Gran Bretaña, a su vez, invoca: 1) prioridad del descubrimiento y subsiguiente ocupación de las islas; 2) derecho de soberanía sobre las islas Malvinas como consecuencia jurídica de la devolución de Puerto Egmont.

En primer lugar y adentrándonos en el análisis de los títulos invocados por nuestro país, me referiré a la concesión pontificia. El día 4 de mayo de 1493 el Papa Alejandro VI promulgó la bula Inter Caetera mediante la cual se adjudicó a la Corona de Castilla toda la tierra firme y las islas del Mar Océano, descubiertas y por descubrir más allá de la línea imaginaria que dividió el mundo. Sin perjuicio de que la validez de este título erga omnes haya sido objetada, lo cierto es que la pretensión justa de la Argentina no puede únicamente sostenerse con este título. En rigor de verdad, lo principal de este título sirve a los fines de establecer que el reino de España ejercía legítima soberanía sobre las islas. Con lo cual, la Argentina como sucesora de España puede fundarse en la posesión ejercida por su predecesora con el justo título del beneficio papal.

En segundo lugar me referiré a los derechos provenientes del descubrimiento y la ocupación.

El derecho de soberanía y dominio fundados en un descubrimiento llevan implícita la nota característica del tiempo. Es decir que es necesario establecer el momento del descubrimiento como elemento esencial a este instituto.

Cuando se habla de descubrimiento es necesario precisar que deben ser efectuados no de manera causal o accidental, sino que debe ser el producto de una expedición específicamente destinada a explorar y descubrir nuevas tierras. En efecto, la doctrina universal enseña que el descubrimiento debe ser seguido por la ocupación para que pueda dar origen al dominio. Además, el descubrimiento y la ocupación deben referirse a tierras res nullius –tierras de nadie-, de otra manera, si las tierras perteneciesen a otro Estado habría despojo o usurpación.

En tal entendimiento, el descubrimiento de la parte sur del continente americano durante el siglo XVI, extendido en el año 1536 con la fundación de Buenos Aires y hasta 1766, año en el cual Mc Bride fundara Puerto Egmont -8 de enero de 1766-, se ejerció sin contradicción.

Esa es la ocupación que es señalada por Gran Bretaña como la “posterior” ocupación a quien sabe cuál descubrimiento. Pero en definitiva, dos años después de que Luis Antoine de Bougainville ocupara las islas.

A estas consideraciones corresponde contrastar el título invocado por Gran Bretaña, por cuanto los descubrimientos que puede invocar son sólo dos: el de Hawkins de 1594 y el de Byron en 1764. Ocupación sólo la de Mc Bride. Ahora bien, ésta ocupación no puede corresponder al supuesto descubrimiento del año 1594, ya que el carácter de subsiguiente no se constata por el tiempo transcurrido. Entonces si la subsiguiente ocupación hace referencia al descubrimiento de Byron, entonces el título es inválido, ya que en esa fecha las islas ya se encontraban ocupadas por Bougainville y habían sido ya visitadas por marinos maluinos y holandeses.

El segundo título que invoca Gran Bretaña es la devolución de Puerto Egmont en 1771. Afirma que ello significó un reconocimiento por parte de España al derecho británico sobre la totalidad de las islas Malvinas.

Pues bien, como se expuso queda claro que Inglaterra no tuvo antes de 1770 ningún tipo de título sobre las islas. A partir de esa fecha sostiene el título devenido por el reconocimiento de España en el citado episodio. Pero esta discusión debe ser dirimida con hechos y pruebas.

Como se mencionara anteriormente, la aceptación del duque de Rochford de la reserva de derechos formulada por el príncipe de Masserano no deja lugar a dudas. La devolución al statu quo anterior al acto violento de España no reportó reconocimiento alguno de soberanía a favor del imperio inglés. El Foreign Office y los State Papers de 1771 en su edición oficial muestran la respuesta de Rochford a Masserano encabezada con el término Acceptance.

Con lo cual, la restitución de Puerto Egmont sólo debe ser considerada como una cuestión de hecho que en ninguna forma ha de tener repercusión en derecho.

En último término, Argentina invoca el título de usucapión, es decir la adquisición del dominio por el uso prolongado. En derecho internacional este título es el de mayor excelencia, considerado más justo y noble que el uso de la fuerza. Se aplica sobre tierras res nullius o tierras abandonadas –res derelictae-.

En tal entendimiento, España poseyó durante más de doscientos años el sur del continente americano sin oposición de ningún Estado.

Argentina, uniendo con su posesión la de España, y sin contar los años transcurridos por la ocupación inglesa de 1766 a 1774, poseyó el archipiélago durante casi tres siglos. Por contrapartida, la posesión británica fue siempre controvertida.

III- Derecho

Luego de la Primera guerra mundial, la infructuosa Liga de la Naciones y la Segunda guerra mundial, la conciencia de los Estados de evitar los flagelos de la guerra culminó en la celebración de la Carta de las Naciones Unidas. El mundo conoció entonces un sistema que auguraba esperanza.

Bajo este sistema, en el año 1960 se hizo notoria la voluntad común de poner término cuanto antes a toda situación colonial en el mundo. Para entender esta intención debemos considerar que por esos años se incorporaron muchos Estados a la Organización que habían surgido de procesos de descolonización.

En la sesión de ese año, un grupo de países africanos y asiáticos presentaron un proyecto de resolución que fue adoptado sin ningún voto en contra por la Asamblea. Así, la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, denominada como Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, se convirtió en la piedra angular de todo proceso de descolonización que se aceleró a partir de ese momento.

En esencia, estableció que la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas, comprometiendo la causa de la paz y de la cooperación mundiales. De esa forma se consolidaron los principios de: a) la libre determinación de los pueblos y b) la integridad territorial de los Estados.

La libre determinación se encuentra limitada por la consideración de qué es un pueblo. Se entiende así, conforme a la resolución 1541(XV) que el pueblo que tiene derecho a determinar libremente su destino por vía de la independencia, la integración o la asociación es aquél que es étnica o culturalmente distinto de la población del Estado que lo administra y cuyo territorio se encuentra separado geográficamente de la metrópoli. Sin esas dos condiciones no podríamos hablar de autodeterminación de un pueblo.

A ello, en 1961 se conformó a través de la Asamblea General, un Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la resolución 1514, debiendo oír a los representantes de los territorios y a peticionarios.

En este contexto se enmarca la controversia entre la República Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur.

Ello a partir de que, cuando en el año 1946 y respondiendo a una invitación de la Asamblea General de la ONU, el Reino Unido inscribió a las islas Malvinas en la nómina de territorios no autónomos que administraba, a lo cual Argentina hizo expresa reserva de su soberanía, reiterando esta postura invariablemente.

El 9 de noviembre de 1965 Bonifacio del Carril fue designado Embajador Extraordinario y jefe de la Delegación argentina de la sesión plenaria del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas por el Dr. Illia. En esa sesión se obtuvo la sanción de la resolución 2065.

En esa sesión se expuso y debatió claramente que las islas Malvinas no son un territorio colonial, sino que se ha establecido una colonia en territorio nacional, violando la integridad territorial. Así también, y dado el sometimiento por parte de Inglaterra de la cuestión a conocimiento de las Naciones Unidas, dos deben ser las conclusiones: la primera es que habiendo considerado al territorio ocupado bajo la égida de la resolución 1514, solo resta el camino de la descolonización; con lo cual surge la segunda cuestión que es que los pobladores de las islas no quieren ser descolonizados.

Pero descolonizar las islas y someterlas a cualquier régimen de soberanía implicaría violar los principales propósitos y resoluciones en la materia, por cuanto se afectaría la integridad territorial de la Argentina.

En efecto, allí se coincidió que la cuestión Malvinas debía resolverse por aplicación del principio de autodeterminación y que la suerte de la población actual de las islas Malvinas no debía ser negociada.

Ahora bien, el flamante disertante asentó: “Tengo instrucciones del gobierno argentino para manifestar, y es para mi una verdadera satisfacción hacerlo, que en el plano doctrinario mi país comparte plenamente los dos puntos de vista [los referidos anteriormente] que plantea el gobierno del Reino Unido. La república Argentina ha sido siempre celosa defensora del principio de autodeterminación de los pueblos que es, por lo demás, un principio definitivamente incorporado al derecho positivo de la comunidad americana. Pero en este caso, en las islas Malvinas, no hay pueblo que pueda autodeterminarse”.

En efecto, según cifras oficiales del país anglosajón, en el año 1901 las islas Malvinas tenían 2043 habitantes; setenta años después, en 1962, tenían 2172 habitantes. Según una estimación del Informe sobre Perspectivas de la Población Mundial de las Naciones Unidas, la población de las islas no tiene posibilidades de incremento. Para arrojar mayor luz, en el año 1901 la Argentina tenía 5 millones de habitantes. Véase el crecimiento demográfico de una población.

Puerto Stanley tiene apenas 1000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil es reducida porque apenas hay niños. La mortalidad de adultos es casi inexistente porque la gente se va antes de morir.

El censo efectuado por las autoridades coloniales en el año 2006, arrojó un guarismo de 2955 personas que viven en la isla. De éstas, hay que excluir a 477 civiles, que han sido llevados al archipiélago para trabajar en conexión con la guarnición militar, pero que no revisten carácter de población civil.

La conclusión de la sesión del año ´65 fue la resolución 2065, la cual invitó a gobiernos de Argentina y Gran Bretaña a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514, así como los intereses de la población de las islas Malvinas (Falkland Islands).

Aprobada en el plenario de la Asamblea General de la Naciones Unidas, el día 18 de diciembre de 1964 por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones quedó terminada la discusión.

IV- Algunas reflexiones

El posicionamiento en el conflicto por parte de la Argentina había sido brillante. Los planteamientos jurídicos y el desasosiego inglés contribuyeron al nuevo escenario político. Sin embargo, años de esfuerzos pacíficos fueron desestimados el 2 de abril de 1982, cuando comenzó uno de los más tristes episodios de la historia patria, enmarcado en el más terrible suceso de terrorismo de Estado sufrido en la historia patria, como lo fue el proceso de reorganización nacional de 1976.

Acontecimientos como la crisis y la guerra de Malvinas son y deben ser enseñanzas a internalizar por la conciencia colectiva. Sus orígenes y consecuencias no deben escapar al entendimiento y compresión. Ese análisis contribuye al fortalecimiento de la cultura y a la cohesión social.

Hoy en día, se ha dado un nuevo impulso a la “cuestión Malvinas” por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La vía diplomática sugiere la estrategia de fortalecer la razón jurídica con la presión política. Si bien no se advierten resultados en el mediano plazo, el camino es el correcto, puesto que la única forma de afirmar la soberanía sobre el archipiélago, será mediante la protesta jurídica constante.

Quizás los intereses que siempre rodearon la cuestión Malvinas de forma subterránea no permitan ajustar la historia y devolver el territorio a su nación. Pero es de suma importancia ejercer una memoria histórica del conflicto y recordar y reconocer que un imperio como el británico no se acerca a costas tan lejanas sin un por qué.

La soberanía sobre el archipiélago representa una discusión más profunda que puede remontase a la doctrina Monroe. La injerencia en la soberanía, política o territorial, representa una ofensa a la organización civilizada internacional. Las reglas entre los Estados se han visto debilitadas con las políticas y decisiones obscenas hacia la condición humana. El régimen del derecho internacional recibió duras estocadas con el avasallamiento de los principios y propósitos de la Carta de San Francisco.

Sin embargo, lo que parecía morir aún subsiste por la incólume voluntad de los países más desprotegidos económicamente del globo.

Una red biótica que se desarrolla y redefine al paso del devenir dialéctico de la historia. Qué parte nos tocará depende del camino y lugar que tomemos como nación en esa comunidad global.